En los expedientes de los funcionarios de Arturo Sanmartín y Sofía Polo pone que murieron «a causa de los acontecimientos de la guerra civil». Los papeles, hoy en el archivo de Alcalá de Henares (Madrid), no recogen que a Arturo, inspector de enseñanza primaria en Palencia, lo pasearon por la calle mayor de la ciudad para vejarlo antes de asesinarlo. Ni que estuvo escondido en un desván. Ni que se desplomó cuando le contaron que a Sofía, también maestra, la engañaron, la sacaron de casa y la mataron en una carretera.

Los dos estaban vinculados al Partido Socialista y sobre su muerte, a los 39 y 35 años, hay una única certeza: «Que fueron asesinados por maestros y por rojos», afirma con rotundidad la pequeña de sus hijas, Natalia Sanmartín Polo. Sus cuerpos –lo que quede de ellos– están en algún lugar indeterminado de Palencia, junto al de otras decenas de profesionales de la enseñanza represaliados por el régimen franquista al comienzo de la contienda.

Los partes de defunción de Arturo y Sofía nunca aparecieron. Por los recortes de periódico que sus hijos han recopilado conocen que fueron asesinados entre julio y agosto de 1936.

Depuración desde el verano de 1936

Depurar a la profesión docente se antojó desde el principio una prioridad para los sublevados. Todos los maestros y maestras de las zonas ya en manos de los franquistas tuvieron que solicitar su depuración para poder continuar con el ejercicio de la docencia. Los censos elaborados por historiadores que han estudiado la represión en las escuelas arrojan que al menos una cuarta parte de los docentes –había un total 50.527 en el escalafón de 1935, según la última estadística oficial del Ministerio de Instrucción Pública– fue castigado de uno u otro modo: separándolos definitivamente de la enseñanza, con traslados forzosos, con inhabilitaciones para ejercer cargos directivos, jubilaciones a la fuerza, expedientes disciplinarios… El franquismo separó del servicio para siempre a uno de cada diez expedientados.

El régimen pretendía llevar a cabo el proceso de depuración en un periodo de tres meses y así lo estableció en su normativa cuando creó las comisiones para tal fin. Pero el grueso de la injerencia en las aulas no se completó hasta 1942, aunque hasta bien entrados los cincuenta se continuaron abriendo nuevos expedientes en un goteo constante. Los señalamientos a docentes se basaban en los testimonios de las «fuerzas vivas» de los pueblos: lo que decía el cura o la Guardia Civil.

Leer el resto del artículo en El Diario.